Frontera al rojo vivo (México)

'Los Escorpiones' rompieron la tregua de paz entre narcos… y ardió Tamaulipas

La "paz narca" que pactaron hace dos años las facciones del Cártel del Golfo sufrió un revés el fin de semana pasado. Un grupo radical dinamitó la iniciativa pacificadora de Los Rojos.

Óscar Balderas
Ciudad de México / 04.05.2023 00:22:00

En la segunda semana de julio de 2021, la ciudad de Tampico fue la sede de una cumbre narca entre los liderazgos más influyentes de las distintas facciones del Cártel del Golfo. El cuartel fue una casa cerca de la Playa Miramar, a donde llegaron los “hermanos” engendrados por Osiel Cárdenas Guillén: Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Metros, Los Panteras y Las Fuerzas Especiales Grupo Sombra. Todos se habían jurado una guerra a muerte acusándose mutuamente de traición por incumplir la promesa de no meterse en sus zonas de dominio.

Un mes antes, el 19 de junio de aquel año, el odio entre ellos había abierto un capítulo más en la antología de narcoterrorismo en México: con el objetivo de “calentar la plaza” de Reynosa en control de Los Metros, el grupo de Los Escorpiones comenzó a asesinar personas no relacionadas con criminales. Al final del día, 15 inocentes murieron, entre ellos, un taxista, un estudiante de Enfermería y un grupo de albañiles.

Fuentes militares que narraron este encuentro a MILENIO aseguran que, en cuanto el aparato federal de inteligencia criminal detectó aquel cónclave criminal, planearon cómo rodear aquella casa con salida hacia Ciudad Madero. Bastaba un muerto en esa reunión para que todos los demonios se desataran en el estado, pero el operativo se canceló cuando dieron con un dato inesperado: la reunión tenía como objetivo plantear una tregua en la batalla por Tamaulipas. Y los convocantes eran, sorprendentemente, otra facción del Cártel del Golfo.

Esa escisión es Los Rojos —también conocida como Los Erres— y ya tenía fama de ser un grupo criminal sui géneris en el noreste mexicano: en lugar de apostar por balazos y matanzas, prefieren sentarse a negociar con el objetivo de no atraer operativos militares que propicien detenciones o el abatimiento de sus líderes. Acaso por eso es que han logrado permanecer como un brazo armado casi desconocido para el resto del país.

Entre las distintas facciones del cártel, Los Rojos están en el lado opuesto de Los Escorpiones, temidos por su explosividad, su sadismo y por asesinar a mansalva. Por el talante paciente que procuraron sus fundadores, los hermanos Haro Rodríguez —Silvestre y Marco Antonio, R-1 y R-2, respectivamente— aliados y rivales también les llaman Los Fresas del Golfo, aunque propios y extraños reconocen que, si de pelear se trata, pueden ser tan sanguinarios como cualquiera.

“Nos dimos cuenta que lo mejor era que, si la cita era para plantearse una tregua, había que dejar que hablaran. No nos metimos. Fue un asunto de estrategia”, reveló uno de los militares destacados en Tamaulipas que conoció del cónclave, que incluso está relatado parcialmente en blogs de noticias sobre crimen organizado en la entidad.

Otra sorpresa surgió de la vigilancia a aquella cumbre narca: los convocantes eran cercanos al R-3, Héctor Crescencio de León Fonseca, quien había sido detenido en 2016 y luego puesto en libertad por un juez federal por supuestos errores de elementos de la Policía Federal en el llenado del reporte de aprehensión.

Al mando del R-3, Los Rojos controlan Tampico, Ciudad Madero, Altamira —desde Esteros hasta los límites con Estación Manuel— y partes de Tamuín y Ciudad Valles en San Luis Potosí. Su personalidad negociadora se aprecia en la vida diaria de los municipios donde están asentados: hay cobro de derecho de piso, pero no balaceras; hay huachicol, pero no secuestros masivos; hay tráfico de indocumentados, pero no bloqueos con autos incendiados. En sus “plazas” hay vida nocturna, comercios abiertos y la sensación de vivir en una “burbuja” comparada con la violencia que se sufre en Reynosa, Matamoros o Nuevo Laredo.

La paz trajo ¿menos delitos?

A su contención de fuego se le atribuye parcialmente una supuesta disminución en los delitos de alto impacto en el estado. Una caída en las denuncias ante el ministerio público que el propio ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha presumido como un logro de su administración al dejar la entidad en 2022 como uno de las seis más seguras de México, citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, organizaciones civiles como México Evalúa han cuestionado esa aparente pacificación. En el estudio “Fallas de Origen 2020”, que mide la confiabilidad de las cifras delictivas de los estados, Tamaulipas obtuvo el último lugar a nivel nacional, es decir, es el estado que más falseó los números reales sobre homicidios.

“Ellos (Los Rojos) tienen muy controlado todo. No por nada Tampico es la ciudad más tranquila de Tamaulipas. Incluso, en (Ciudad) Madero acaba de pasar "El Playazo" de Semana Santa (una especie de spring break en las playas del noreste) y no hay ni un muerto, ni una balacera, nada. No se meten en pleitos”, contó una fuente con una cuenta en Twitter que alerta sobre las [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] o Situaciones de Riesgo en Tamaulipas. “Son aliados de Los Escorpiones, pero también aliados de casi todos del cártel. Son los únicos que podían proponer una tregua”.

Los detalles sobre aquella reunión no son conocidos, pero sí es bien sabida una de las consecuencias inmediatas del cónclave pedido por Los Rojos: durante la madrugada del 26 de julio, miembros del Cártel del Golfo hicieron una acción coordinada por las principales ciudades de Tamaulipas y colgaron decenas de mantas con el mismo mensaje. “Atención”, se leía en grandes letras negras que coronaban un mensaje que dio un alivio temporal a la sociedad tamaulipeca.

“A toda la ciudadanía del estado: por medio del presente les hacemos de su conocimiento que hoy día 19 de julio (probablemente la fecha de la reunión) pactamos la tregua de la tranquilidad y nos solidarizamos con el pueblo y con principio e ideologías coherentes a generar paz”.

Enseguida, los autores prometieron dedicarse “a lo que realmente nos compete en nuestra empresa (...) firmando entre nosotros la paz y fortaleciendo la unión de nuestras plazas demostrando ante todo que el Cártel del Golfo (con letras verdes, blancas y rojas, como bandera nacional) tiene principios (...) Viva la paz en Tamaulipas”, finaliza el mensaje.

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En los últimos días, en el estado se han registrado bloqueos, balaceras e incendio de autos en la entidad gobernada por el morenista Américo Villarreal. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro.)

El dolor eterno de Tamaulipas

El Estado del Golfo de México aparece en la parte alta de dos registros nefastos: el de mayor cantidad de balaceras de militares con civiles y el de la tasa de personas desaparecidas en relación con la población

Pablo Ferri
21 de marzo del 2023

Arde Tamaulipas y arrecian las preguntas de por qué ha pasado lo que ha pasado estas semanas. Ignorada ante pequeños fuegos de alcance aparentemente local, los gobiernos de México y Estados Unidos miran ahora a la región del Golfo como no lo habían hecho en años. La masacre a manos de militares de cinco muchachos en Nuevo Laredo, a finales de febrero, y el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, a principios de marzo, han puesto en el punto de mira al Estado. La mala noticia es que ambos eventos responden en realidad a la normalidad reinante en la zona en los últimos años.

Tamaulipas es una de las regiones del país donde más personas desaparecen, en general y relación con su población. Preso de la corrupción y de la cercanía de los grupos criminales con el aparato político y de seguridad, el Estado ha sufrido picos de violencia brutales, explicados a partir de disputas entre grupos criminales, primero entre el Cartel del Golfo y Los Zetas, y luego entre facciones de ambos grupos, todos con la mirada puesta en la frontera y el contrabando. Hay que sumar a las Fuerzas Armadas a la ecuación, en particular al Ejército, policía de facto de la región. De 2007 a 2022, militares han mantenido casi tantos enfrentamientos con presuntos agresores en Tamaulipas, el 45%, como en el resto de estados combinados.

La desaparición de personas en México es una constante desde finales de 2006, cuando el Gobierno federal le declaró la guerra al crimen organizado. En pocos lugares se ha sentido esta situación como en Tamaulipas, que cuenta 11.680 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación, de las que han aparecido restos de 527. Con una población de 3,5 millones, la tasa de desapariciones por cada 100.000 habitantes en el Estado es una de las más altas del país. Todo eso sin contar los casos no denunciados, por miedo, amenazas… Es imposible saber cuántos desaparecidos no figuran en el cómputo oficial, que el año pasado superó los 100.000 en todo el país.

Con 17 puentes fronterizos que cruzan a Estados Unidos, Tamaulipas es guarida además de una enorme cantidad de centros de exterminio, pedazos de tierra donde criminales deshacen cuerpos para dificultar el trabajo de las autoridades. Es el caso del que encontraron hace año y medio en Nuevo Laredo, del que los peritos apenas han podido rescatar unos pocos centenares de trocitos de hueso. O el de La Bartolina, en Matamoros, muy cerca de la caseta donde los investigadores rescataron a los estadounidenses secuestrados hace semana y media. Las autoridades llevan más de cinco años sacando restos de allí.

Todo esto da una idea del grado de violencia que impera en la entidad. No es que todo lo anterior no ocurra en otras partes de México, lo hace, pero Tamaulipas, por su posición geográfica y la cantidad de cruces al país vecino, es lugar predilecto para las mafias y sus redes de apoyo institucionales. Lo que en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo o cualquiera de los pueblos de la frontera chica vale 20 dólares, multiplica su valor 200 metros al norte, sean droga o migrantes.

Todavía no se sabe el motivo del ataque contra los cuatro ciudadanos estadounidenses, pero se tiene una idea del despliegue de los perpetradores. Detectados los estadounidenses tras su cruce, hasta ocho vehículos participaron en su seguimiento, el tiroteo y el secuestro. La teoría de la confusión, enarbolada por el fiscal estatal, Irving Barrios, aparece como una hipótesis válida. La filtración de los antecedentes penales de las víctimas sugiere otras posibilidades, que las autoridades mexicanas no han comentado de momento.

Lo que resulta evidente del caso es la capacidad de movilización del crimen en la región, expresada estos años también en sus choques continuos con las fuerzas de seguridad, particularmente el Ejército, que ha sustituido a las policías en la frontera. En ningún otro lugar de México, los militares han protagonizado más tiroteos con presuntos criminales que aquí. El carácter recurrente de los enfrentamientos, la facilidad para apretar el gatillo, esconde, sin embargo, una cadena de errores, en el mejor de los casos, negligencias y delitos, en el peor, que apunta al mismo origen de la estrategia.

La historia es de sobra conocida. En diciembre de 2006, el recién llegado Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ideó una estrategia para combatir al crimen organizado, que consistió en mandar al Ejército a las calles, plan que sus sucesores han heredado hasta hoy, ya con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Con los años caló la idea de que el movimiento de Calderón agitó un avispero lleno de insectos histéricos, que afinaron sus capacidades. Y no solo eso. La experiencia policial de los militares mostró sus límites, con continuas denuncias a soldados por tortura, desaparición forzada y asesinato.

El caso Nuevo Laredo es el mejor ejemplo de lo anterior. El ataque de un convoy militar a un grupo de muchachos desarmados, que salía de pasar la noche en una discoteca, interpela las estrategias de seguridad de los últimos tres Gobiernos, empezando por Calderón, pasando por Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ahora con López Obrador. Con mayor o menor incidencia, las tres administraciones han registrado situaciones parecidas, militares que accionaban sus armas sin que hubiera una agresión previa.

Desde enero de 2007 hasta finales de 2022, militares se enfrentaron con civiles en México en 5.493 ocasiones, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), recopilados, ordenados e interpretados por Samuel Storr, que forma parte del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. De esos 5.493 enfrentamientos, el 45%, 2.494, ocurrieron en Tamaulipas. La mayoría de esos choques ocurrieron además en las grandes ciudades fronterizas, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

Casos como el de los cinco muchachos masacrados en febrero no figuran en estas estadísticas. O no deberían hacerlo, ya que los muchachos muertos nunca dispararon. En una ciudad como Nuevo Laredo, que en estos años ha registrado 600 presuntos enfrentamientos solo entre militares y civiles -además de los que haya registrado la Armada, la Guardia Nacional o la policía estatal-, la actitud de los militares que dispararon contra los muchachos se explica a partir de lo que ha ocurrido antes. Y hace aflorar otras preguntas, de difícil respuesta.

¿Cómo saber si entre los 2.494 presuntos enfrentamientos registrados en Tamaulipas estos años hay más casos como el de Nuevo Laredo? A preguntas así, Storr apunta al índice de letalidad, una herramienta que ayuda a marcar eventos de este tipo por posibles irregularidades. El índice de letalidad mide la relación entre heridos y muertos civiles en enfrentamiento con cuerpos de seguridad. Expertos que desarrollaron la idea plantean que lo normal es que la relación sea de uno a uno: un muerto, un herido, dos y dos, etcétera. En la medida en que los muertos superan a los heridos, la sospecha aumenta.

“En Tamaulipas ocurre algo que apenas ocurre en el resto del país”, explica Storr. El académico se refiere a la cantidad de sucesos en la que el índice de letalidad no es parejo en el Estado. “De los 2.494 enfrentamientos registrados en el Estado, muchísimos más que en cualquier otro, en 384 se registraron más de tres civiles muertos. Y de esos, en 335 no hubo heridos, ni detenidos”, añade. Esto no significa que en esos 335 casos se hayan producido asesinatos, pero impide que se descarte la posibilidad de que ocurriera. La falta de capacidad de las fiscalías, tanto estatales como federal, impiden que se hayan llevado a cabo investigaciones exhaustivas. Solo cuando lo sucedido llega a la prensa nacional, el Gobierno federal interviene. Su aparición no asegura que haya justicia, pero es al menos un inicio.

Los datos dibujan una aceleración de la tendencia en los años de López Obrador en la presidencia. Con él al frente del Gobierno, la cantidad de enfrentamientos con más de tres muertos civiles y ningún detenido o herido crece, conformando porcentajes sobre el total superiores a los registrados con Peña Nieto o Calderón. Así, de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, México registro 85 enfrentamientos que acabaron con más de tres muertos civiles, sin heridos ni detenidos. De esos 85, 62 ocurrieron en Tamaulipas, el 73% del total. En los años de Peña Neto el porcentaje baja al 59% y en tiempos de Calderón, al 45%. Durante la actual administración, además, la letalidad del Ejército en Tamaulipas es de más de nueve, más del doble de la media nacional, superando por mucho lo ocurrido en los dos gobiernos anteriores.

Artículo de El País

Explicar el problema de las desapariciones en Tamaulipas

Dr. José Andrés Sumano Rodríguez/ COLEF*

En los últimos veinte años no hay entidad de la república con más personas desaparecidas per cápita que Tamaulipas.  Aunque Jalisco domina las cifras totales de desapariciones, al hacer la conversión a tasas por población, Tamaulipas encabeza la lista por un amplio margen [1]. Con una población estatal de tres millones y medio de habitantes [2], del año 2000 a la fecha han desaparecido en Tamaulipas 18,572 personas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. No es casualidad que La Bartolina, el sitio de exterminio más grande encontrado en México, se encuentre en Matamoros, Tamaulipas.  

Al revisar con más detalle las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda se puede observar que la mayor parte de las desapariciones en Tamaulipas se concentran en la frontera, particularmente en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.  El 58% de las desapariciones en Tamaulipas suceden en estos tres municipios: el vínculo entre la condición de frontera y las desapariciones es innegable.  

También es posible observar que no todas las personas son igual de vulnerables ante esta problemática.  Al menos en Tamaulipas, la mayor parte de las personas desaparecidas son hombres entre los 20 y 35 años [3].  Aunque también desaparecen mujeres, particularmente entre los 15 y 19 años, 7 de cada 10 personas que desaparecen en Tamaulipas son hombres.  La problemática en dicha entidad es claramente diferente a la experiencia de lugares como el Estado de México, dónde principalmente desaparecen mujeres jóvenes.  Es importante también notar que, aunque sí desaparecen migrantes, en gran medida las personas desaparecidas tienen nacionalidad mexicana.  


Al analizar las cifras de desapariciones en Tamaulipas es difícil no vincular el problema con el contexto de crimen organizado en la entidad.  Matamoros, el municipio que más desapariciones ha registrado en los últimos 20 años, es el centro de operaciones del Cártel del Golfo [4].  Reynosa y Nuevo Laredo, que le siguen de cerca, han sido municipios clave para el crecimiento de Los Zetas [5] y el Cártel del Noreste [6]. Entender la problemática de desapariciones en Tamaulipas pasa por comprender las dinámicas de estas organizaciones criminales.

Las desapariciones en Tamaulipas han tenido, por supuestos, sus alzas y bajas.  Principalmente destacan dos momentos en los que se registraron cifras particularmente altas de desapariciones en la entidad.  El primer pico de desapariciones se observa en los años 2011 y 2012, durante el apogeo de Los Zetas y su conflicto con el Cártel del Golfo [7].  El segundo pico de desapariciones se encuentra en los años 2016 y 2017, tras la creación del Cártel del Noreste (escisión de Los Zetas) y su conflicto con el Cártel del Golfo [8].  En ese sentido, la competencia entre grupos criminales pareciera ser una variable explicativa fundamental respecto a las desapariciones en la entidad.  

Es importante analizar también los momentos en que Tamaulipas ha experimentado un menor número de desapariciones.  Los picos más bajos de desapariciones en la entidad en los últimos veinte años han sido en 2015 y 2021 [9] en ambos casos estamos hablando del año previo a la elección para gobernador.  En ese sentido, varias hipótesis pudieran explicar el descenso en las desapariciones un año antes de las elecciones. La primera es un proceso de maduración de la administración estatal.  Conforme avanza una administración, ésta va adquiriendo mayor experiencia y conociendo mejor los problemas, lo que le permite responder mejor a las desapariciones.  La segunda posible explicación es un énfasis en reducir las desapariciones por parte de la administración estatal, el crimen organizado o ambos, un año antes de las elecciones a fin de no perjudicar al gobierno estatal en el proceso electoral o dañar los acuerdos de protección entre autoridades y crimen organizado.  Finalmente, una tercera explicación pudiera ser la manipulación de cifras por parte de las autoridades para no verse afectadas en las elecciones.  De cualquier manera, vale la pena entender porque se reducen drásticamente los números de personas desaparecidas un año antes de las elecciones para gobernador.  

Los datos anteriores también nos permiten generar una serie de hipótesis respecto al problema de desapariciones en Tamaulipas.  Primero, las desapariciones están vinculadas, en gran medida, a la competencia entre grupos criminales que operan en la frontera tamaulipeca.  Segundo, las principales víctimas y victimarios son hombres jóvenes de nacionalidad mexicana.  Tercero, las desapariciones están concentradas en tres municipios fronterizos.  Cuarto, las desapariciones tienden a reducirse conforme se acercan los procesos electorales.  Partiendo de estos cuatro supuestos, es posible empezar a plantear respuestas a la problemática.  

La violencia tiende a concentrarse en un porcentaje pequeño de personas y lugares [10].  Las desapariciones no son la excepción.  En ese sentido, focalizar los esfuerzos de prevención en la materia en las personas y lugares de mayor riesgo es un buen punto de partida en el abordaje del problema.  Así pues, centrar los esfuerzos de prevención en las calles y barrios de estos tres municipios fronterizos que concentran la mayor parte de las desapariciones y en las redes de víctimas y victimarios de este delito parece ser una estrategia prometedora.  Aunado a lo anterior, incrementar la certeza y celeridad de la respuesta de la autoridad a este delito puede contribuir a reducir significativamente el problema [11].  Es importante también comunicar a las organizaciones criminales de manera clara que este delito no será tolerado.  En resumen, se trata de cambiar los incentivos que hoy favorecen la comisión de este delito a través de estrategias basadas en la idea de disuasión focalizada [12].

Es posible reducir la incidencia de desapariciones en una entidad como Tamaulipas.  Para lograrlo hay experiencias y aprendizajes útiles tanto en la literatura en criminología como en las prácticas llevadas a cabo en diferentes lugares de México y el mundo.  Se requiere la voluntad para utilizar la evidencia disponible en la generación de políticas públicas eficaces en la reducción de un delito que lastima gravemente a la sociedad.  

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Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos.

José Andrés Sumano Rodríguez es Profesor-Investigador del programa Investigadores por México adscrito a El Colegio de la Frontera Norte.  El Dr. Sumano también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1.  Obtuvo su doctorado en política pública en el Tecnológico de Monterrey.  Ha escrito un número significativo de artículos académicos en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana.  Es autor de los libros La Construcción de Policías Inteligentes en México: Una tarea pendiente, Repensando el juvenicidio desde la frontera norte y Comunidades Seguras: Promesa inevitable de las democracias latinoamericanas.  @andressumano

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