Echenique y lengua vehicular para los pobres

José García Domínguez
Echenique y lengua vehicular para los pobres

La inmersión forzosa de la descendencia de los menesterosos constituye un atentado flagrante contra la Carta Magna. No es una opinión. Es un imperativo jurídico.
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2020-11-03

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Pablo Echenique, el diputado hispano-argentino empadronado en Zaragoza que ejerce como portavoz de Podemos, acaba de sentenciar que la inmersión lingüística en otro idioma distinto del español es algo muy bueno para los hijos de los trabajadores catalanes. Aunque no parece que sea tan óptima para los hijos de los burgueses de la misma demarcación. Acaso de ahí que, entre otros miles de padres bienestantes, don José Montilla, el ilustre asesor y consejero de grandes corporaciones multinacionales, haya preferido que sus dos hijas no disfruten de ese privilegio del que goza el proletariado doméstico, forzándolas a padecer el régimen del Colegio Alemán de Barcelona, donde las niñas estudian en español, que no el español, y en alemán. Pero, al margen de que la inmersión resulte muy buena para los hijos de los pobres, el pequeño problema es que constituye una práctica docente completa y radicalmente ilegal. Ocurre, sí, que ese modelo lingüístico obligatorio al que son sometidos los hijos de los catalanes que no tienen dinero para pagar un colegio privado viola la legalidad constitucional.

Una legalidad establecida en sentencia firme por el Tribunal Constitucional en su día, en concreto, allá por 2010. La inmersión forzosa de la descendencia de los menesterosos constituye un atentado flagrante contra la Carta Magna. No es una opinión. Es un imperativo jurídico. Porque lo único aquí legítimo y legal, siempre con arreglo a lo sentenciado en firme por los magistrados del TC, es la llamada conjunción lingüística, asunto bien distinto a la inmersión. Si la inmersión conlleva prohibir el uso en las aulas del idioma de las chachas y de los chóferes de Echenique y de Montilla, algo que en Cataluña se lleva a rajatabla, la conjunción, en cambio, avala y exige el uso docente de las dos lenguas cooficiales en el ámbito autonómico, no necesariamente en similar proporción. Por algo toda esa montaña de sentencias judiciales convertidas por rutinaria costumbre en papel mojado, las que ordenan a la Generalitat impartir un mínimo del 25 por ciento de las materias docentes en castellano. En Sicilia, es sabido, el Estado no existe. Y en Cataluña, no es menos sabido, tampoco. Ahora dicen que el castellano va a dejar de ser la lengua vehicular de la enseñanza en otro papel mojado. Será por papeles mojados.