Violencia desatada en el México de AMLO

No hay peor ciego... que un chairo con su torta, frutsi y sus 300 pesotes que cierra los ojos a la realidad.

Organizaciones criminales pueden convertirse en aliado de Morena en 2024

El Instituto Baker de Políticas Públicas cuestionó la estrategia “pasiva” en seguridad de la llamada Cuarta Transformación y advirtió que organizaciones criminales podrían convertirse en un 'aliado electoral de Morena' rumbo al 2 de junio. 'Las organizaciones criminales pueden incluso convertirse en un importante aliado electoral de Morena en las elecciones de junio de 2024; mostraron su capacidad para intimidar e, incluso, matar a candidatos de la oposición y trabajadores electorales en 2021, y es probable que sigan adelante en 2024', señala el reporte “Mexico Country Outlook 2024' publicado el 18 de enero.

El informe refiere que la estrategia “pasiva” de seguridad pública de la actual administración, “es esencialmente una ‘paz mafiosa’ con el crimen organizado, o un acuerdo para no interferir en actividades criminales'. Considera que la actividad delictiva organizada probablemente será un tema importante durante la campaña de 2024. “También puede ser un importante factor disuasorio para la inversión internacional en México, ya que la mayoría de las empresas ahora deben considerar la seguridad de sus activos físicos y operativos, junto con la incertidumbre del entorno político”, acota. Rumbo a la elección federal en la que estarán en juego además de la Presidencia, la renovación del Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como más de 20,000 cargos de elección popular, el Instituto Baker indica que la mayoría de los principales desafíos que México enfrentará en 2024 aún pueden abordarse. Esto debido a que surgen principalmente de las decisiones “de su presidente en ejercicio”, con un Congreso “obediente” y una clase política que no está dispuesta a arrebatarle el poder al jefe Ejecutivo. Sin embargo, considera como probable que estas opciones se vuelvan estructurales si la próxima administración, que asumirá el cargo el 1 de octubre de 2024, no revierte inmediatamente muchas de estas políticas.

AMLO podría estar inclinando la balanza
El reporte plantea que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo popular, es posible que esté inclinando la balanza a favor de Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México. 'Es probable que su gobierno se esté preparando para inclinar la balanza a favor de su sucesora elegida personalmente, la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum”, dice. Sobre el bloque opositor integrado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), destaca que ha logrado mantenerse unido y que, incluso, se puso de acuerdo para designar a la senadora Xóchitl Gálvez como su candidata presidencial. “Gálvez es una candidata carismática y competitiva, que se enfrenta a una Sheinbaum mucho menos inspiradora y poco carismática”, destaca el texto. El Instituto Baker resalta que el electorado del país sigue dividido, que la coalición “del presidente” y la oposición atraen aproximadamente el 45% de los votantes cada una, que muchos mexicanos siguen indecisos. Considera probable que la carrera sea competitiva y que ello dependería de la decisión de Movimiento Ciudadano (MC), de entrar a la carrera presidencial, situación que en los hechos ya ocurrió al postular al diputado Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial único.

Popularidad de AMLO El reporte señala que el presidente López sigue siendo popular, aunque no más que los presidentes anteriores en el mismo momento de su mandato Aun así, resalta que alrededor del 65% de los mexicanos está de acuerdo en que las políticas de seguridad pública de la administración no son óptimas, y que muchas de sus otras opciones políticas son casi igual de impopulares. Ejemplifica que entre 2018 y 2021, un tercio de su base electoral “abandonó” al presidente y su coalición, y solo alrededor de la mitad de sus votantes se presentaron a una elección revocatoria autoorganizada en 2022. Además, plantea que la clase media mexicana sigue molesta por su dramático presupuesto, recortes en educación, atención médica, infraestructura, seguridad pública y muchos otros servicios.
El Instituto Baker señala que el objetivo del informe es que los expertos anticipen las oportunidades y desafíos en los entornos político, social y empresarial de México durante el próximo año para los formuladores de políticas, los líderes de la industria y el público en general. Para ello, aborda temas tan variados como la política y la democracia de México, el entorno regulatorio, la economía, la agenda legislativa, la movilidad humana, la seguridad pública, la educación, la atención médica y las relaciones políticas y diplomáticas.

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Arman a niños en México para enfrentar al crimen organizado

25/01/202425 de enero de 2024

Cinco niñas y 15 niños fueron capacitados en Guerrero en el manejo de diferentes tipos de armas, unos para sumarse al operativo de búsqueda de una familia secuestrada y otros a la vigilancia para combatir la violencia.

Niños de entre 11 y 15 años tomaron las armas este miércoles (24.01.2024) para cuidar de su comunidad, en el municipio José Joaquín de Herrera del estado de Guerrero, en el sur de México, mientras un grupo de adultos salió a buscar a una familia desaparecida desde el pasado 19 de enero.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), en la comunidad indígena Ayahualtempa, tomó como integrantes a un grupo de cinco niñas y 15 niños, a quienes "armaron", aunque algunos solo tenían carrizos (palos) a manera de rifles.

El integrante de la CRAC-PF, Luis Morales Rojas, miembro del Consejo del Gobierno Náhuatl, dijo que los jóvenes de mayor edad se sumarán a la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada el pasado 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia.

A los niños, contó, se les capacitó en el manejo de armas como rifles calibre 22; escopetas de calibres 20, 16 y 410, así como pistolas.

Cerca de 1.000 personas de origen nahua, exigieron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de la familia indígena.

La familia está integrada por Cecilia Gaspar Hernández, de 50 años; su esposo José Teodoro Domingo Ortiz, de 52, y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 22 años, quienes el 19 enero fueron secuestrados en el punto conocido como Zacatepec, donde pastoreaban su ganado.

En la cancha deportiva del poblado, los menores, la mayoría con rifles y escopetas, aunque algunos solo con carrizos, mostraron movimientos de entrenamiento armado.

La decisión de integrar a menores a la CRAC-PF fue decisión de la asamblea llevada a cabo el pasado lunes 22 de enero por el Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, el Comisariado de Bienes Comunales y comisarios municipales, "ante el resurgimiento de la violencia" que ha permeado en municipios colindantes con la región Montaña, de la que responsabilizan al grupo delictivo Los Ardillos.

"Actuación de Policía Comunitaria es legal"
"Los que nos están acribillando, los que están secuestrando a nuestra gente son Los Ardillos (grupo delictivo). Tenemos conocimiento de que hay comunidades que están controladas por ellos, pero nosotros no hemos provocado a nadie, nos provocan a nosotros, por eso pedimos a las autoridades municipales, estatales y federales que nos apoyen con agentes de seguridad”, expresó Morales Rojas.

Según registros de autoridades, el grupo delincuencial Los Ardillos ha asolado en los últimos años la zona centro de Guerrero para mantener el control contra otros grupos delictivos.

Tras la asamblea, las autoridades comunitarias reiteraron que la actuación de su policía es legal por lo que exigieron respeto y que nadie levante acusación alguna.

"Recordamos a las autoridades que la actuación de la Policía Comunitaria es legal, la ley reconoce su función como actos de autoridad, tenemos el aval de nuestras comunidades y de diferentes leyes y tratados entre los que destaca la Constitución mexicana, la Constitución del estado de Guerrero, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, la Ley de Seguridad Pública de Guerrero así como el Convenio, 169, de la OIT”, indicaron.

En esa zona se ha integrado a niños a la Policía Comunitaria por la inseguridad y violencia que viven y que ha sido constantemente denunciada, sin que hasta ahora tengan garantías de seguridad.

En junio del 2019 a la Policía Comunitaria se integraron 19 niños y en 2020 fue presentado otro grupo de menores, que fueron desincorporados en 2022, cuando funcionarios del gobierno federal y estatal encabezaron una reunión en la que se comprometieron a brindar seguridad con militares, Guardia Nacional y la Policía Estatal.

mg (efe, El Heraldo de Saltillo)

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El Cartel de Sinaloa financió la campaña presidencial de AMLO en 2006 / I

Historia de Anabel Hernández

De acuerdo a una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de EE.UU., el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006.

Durante la indagatoria la Fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del Cartel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman que hubo el financiamiento ilícito.
Tuve conocimiento del caso desde 2020 como parte de una investigación de largo aliento que realizo desde 2019. El gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de AMLO durante el proceso electoral del 2006 a nombre del Cartel de Sinaloa. A cambio la organización criminal pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección.

En ese tiempo Beltrán Leyva alias "El Barbas” obtenía ganancias multimillonarias del tráfico de drogas que alcanzaban los 400 millones de dólares mensuales. Era parte de la cúpula de la llamada Federación asociado con los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera alias "El Chapo” e Ismael Zambada García alias "El Mayo”, entre otros.

Durante los dos años de investigación la Fiscalía y la DEA descubrieron y corroboraron quiénes fueron los protagonistas de esa trama.

Por parte del Cartel de Sinaloa el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal alias "La Barbie” uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva. Roberto Acosta Islas alias "El R”, uno de los lugartenientes de "El Barbas” y encargado financiero. Y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos del cartel a autoridades en México.

Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer AMLO. Nico trabajaba cercano a López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014. El chofer saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la CDMX.

Es público que Nico era una de las personas de mayor confianza de López Obrador. Originario de Tabasco al igual que el presidente, desde hace décadas Mollinedo y su familia tienen una estrecha relación de amistad y total confianza con AMLO.

Nico era el hombre inseparable de López Obrador. Su sombra. Durante la campaña presidencial del 2006 fue el coordinador logístico, y en la del 2012 también fue un operador importante.

El otro personaje directamente vinculado a AMLO a través del cual se hicieron las negociaciones para la entrega del dinero del Cartel de Sinaloa, y quien recibió directamente los recursos de procedencia ilícita para canalizaros a la campaña es Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del congreso nacional de partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Soto Caballero ha trabajado con AMLO durante más de 18 años a partir de 2004, según reveló él mismo en una entrevista a Valores TV difundida en Youtube en 2022. Afirmó que ha sido operador en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018.

El tercer involucrado en la trama fue el empresario dueño de minas de mármol Francisco León García alias "Pancho León” quien fue candidato a senador por el PRD en el estado de Coahuila en 2006. León García no ganó la senaduría y en marzo de 2007 desapareció en Saltillo, Coahuila, su familia presentó la denuncia correspondiente de acuerdo a la información publicada por diversos medios locales, pero hasta ahora no se conoce su paradero.

Y la cuarta persona que estuvo presente en el primer encuentro donde se acordó que el Cartel de Sinaloa diera apoyo económico a la campaña de AMLO, es el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, Guerrero, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.

Pude corroborar la veracidad de los hechos descubiertos por el gobierno de Estados Unidos con dos personas que estuvieron presentes en al menos una de las reuniones entre los protagonistas, una cercana al equipo de AMLO y otra integrante del Cartel de Sinaloa.

La trama

En un documento titulado "Operación Polanco” elaborado por la DEA región Norte y Centroamérica, oficina Ciudad de México y la División de campo de la DEA en Nueva York, Fuerza de Ataque Contra el Crimen Organizado y Control de Drogas, se explica la columna vertebral del caso. Se afirma que todo comenzó a fines de 2005 durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit.

AMLO siendo candidato del PRD fue electo jefe de gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2000-2006. En julio de 2005 presentó su renuncia al cargo e inicio su larga precampaña para buscar ser presidente de México. En 2006 compitió por la Coalición Por el Bien de Todos integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo y Convergencia. Cuando se llevó a cabo la reunión en Nayarit, AMLO ya estaba en precampaña.

En aquel primer cónclave estuvieron presentes "La Barbie”, como representante de Arturo Beltrán Leyva. Su suegro Carlos Montemayor González, quien también era integrante del Cartel de Sinaloa. Dipp Jones y León García. Ahí se acordó que la organización criminal iba a dar al menos dos millones de dólares a la campaña de AMLO. Se decidió que López Nájera sería el contacto para hacer llegar el dinero del Cartel de Sinaloa.

La segunda reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México en una casa ubicada en Aristóteles 131, colonia Polanco. Estuvieron presentes López Nájera, Soto Caballero, Dipp Jones y León García. Hasta al menos el año 2022 en ese lugar tenían sus oficinas Mollinedo y Soto Caballero, quienes están asociados en la empresa Laverage Consulting. Juntos fundaron la asociación civil Movimiento Ambientalista Social en 2019 con la intención de fundar su propio partido político, pero no cumplieron con todos los requisitos y el Instituto Nacional Electoral les negó el registro.

Aristóteles 131 es la dirección que Soto Caballero tiene registrada como domicilio en su credencial de elector. Y por una época también Dipp Jones despachaba en el mismo lugar según registros obtenidos en mi investigación.

El gobierno de Estados Unidos supo que en Aristóteles 131 se hicieron la mayoría de las entregas de dinero en efectivo a lo largo de la campaña presidencial del 2006. Pero en una ocasión para asegurarse de que efectivamente los millones de dólares estaban siendo entregados a gente del equipo de AMLO, Arturo Beltrán Leyva envió a su operador financiero Roberto Acosta Islas alias "El R” a entregar el dinero.

En una entrevista que hice a inicios de 2022 a Celeste V. quien fue pareja sentimental de Arturo Beltrán Leyva- protagonista de mi libro "Las Señoras del Narco. Amar en el infierno”-, me confirmó que efectivamente "El R” era una de las personas de mayor confianza del jefe del clan de los Beltrán Leyva y era responsable de entregar pagos a funcionarios públicos y a algunas de las mujeres del espectáculo con las que el narcotraficante tenía relación.

Una que "El R” entregó dinero a Soto Caballero fue en el restaurante especializado en cortes de carne ubicado en la avenida Campos Elíseos, en la colonia Polanco. Soto Caballero y Nico estaban en el lugar y el enviado de Arturo pasó a entregarles el dinero.

En total, de acuerdo a los participantes que declararon ante el gobierno de Estados Unidos, entre ellos Soto Caballero, llegaron a la campaña de AMLO entre 2 y 4 millones de dólares.

De acuerdo al informe de gastos de los candidatos en la elección presidencial de 2006 realizado por el Instituto Federal Electoral oficialmente AMLO gastó 616.15 millones de pesos en su campaña, cada voto por él costó 41 pesos con 75 centavos, 32 millones de pesos más que lo que gastó oficialmente Calderón en su campaña.

AMLO agradeció el apoyo financiero a La Barbie

El 15 de junio de 2006 AMLO hizo uno de sus cierres de campaña presidencial en un lugar llamado vado del Río Balsas, en Coahuila. Ahí Pancho León logró juntar a miles de asistentes y terminó el evento masivo al ritmo de la Arrolladora Banda Limón.

Ese día, según supo el gobierno de Estados Unidos, AMLO habló telefónicamente con "La Barbie”, agradeció el apoyo económico a la campaña y dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante.

Oficialmente AMLO perdió la elección presidencial ante Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional. Pero como es común el Cartel de Sinaloa no solo había apoyado la candidatura de López Obrador, sino de acuerdo a lo que se reveló durante el juicio llevado contra Joaquín Guzmán Loera "El Chapo” llevado a cabo en la Corte de Distrito Este de Nueva a fines de 2018 y principios de 2019, la organización criminal también destinó recursos a la campaña de Calderón, durante su gobierno el Cartel de Sinaloa recibió protección por parte de diferentes autoridades, principalmente el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En el año 2008 López Nájera, uno de los protagonistas del financiamiento ilícito a la campaña de AMLO, se hizo testigo colaborador de la PGR en México y fue uno de los testigos que la Procuraduría usó en el polémico caso conocido como "Operación Limpieza”, en el que al final diversos acusados fueron liberados. En contraste de 2008 a 2011 cuando López Nájera fue informante del gobierno de Estados Unidos, en un modelo mucho más rígido y controlado donde cada dicho que decía debía ser confirmado por otros medio, su colaboración fue útil para llevar a buen término investigaciones sólidas.

Una investigación incómoda

La encargada de la investigación sobre el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de NY fue la prestigiada funcionaria Jocelyn Strauber, quien fue fiscal de 2005 a 2013. Fue subjefa y luego co-directora de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. La investigación de campo la realizaron agentes de la DEA adscritos a México y Nueva York.

Como AMLO era en 2010 una figura de relevancia política en México, para realizar una investigación sobre el financiamiento de su campaña presidencial el protocolo en ese tipo de casos obligaba a que diera su aprobación el Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC por sus siglas en inglés) compuesto por mandos de la DEA en Washington, directores regionales y un representante del Departamento de Justicia, entre otros.

El cúmulo de información con el que contaban y el número de testigos fue convincente para que el comité diera su autorización. ¿Por qué no se sabía hasta ahora de esa investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos? Las respuestas vienen en la segunda parte de este artículo.

Autor: Anabel Hernández

“Narcopresidente”: la semana negra de López Obrador
Opinión de Héctor de Mauleón

En Palacio Nacional sacudió la aparición, con pocas horas de diferencia, de un conjunto de reportajes sobre el financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en 2006.

El vocero Jesús Ramírez Cuevas activó las plumas y las voces que tiene a su disposición para intentar frenar la estruendosa marejada que desató la filtración de una investigación de la DEA realizada en torno a personajes del círculo cercano al mandatario, entre estos, el humilde chofer hoy convertido en multimillonario con fuertes inversiones inmobiliarias en los terrenos en donde se construye el Tren Maya, quien de acuerdo con los datos recabados por Tim Golden, a partir de cuatro testimonios, habría recibido 2 millones de dólares del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, La Barbie.
La polémica proximidad del gobierno de AMLO con el Cártel de Sinaloa ha sido un tema recurrente desde la liberación de Ovidio Guzmán a principios de esta administración.

A unos días de que las aguas se agitaran con las revelaciones, los audios y los documentos que muestran la participación de los hijos de López Obrador en negocios relacionados con las grandes obras del sexenio, los reportajes sobre la investigación de la DEA y el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa, dominaron la conversación e impusieron durante cinco días, y a pesar de los esfuerzos de las redes al servicio de Ramírez Cuevas, el hashtag “Narcopresidente”.

En Palacio Nacional se afirma que el presidente estuvo recibiendo reportes sobre el impacto del tema en redes sociales y medios de comunicación. La primera preocupación era, y sigue siendo, que esta supuesta cercanía con el Cártel de Sinaloa se convirtiera en tema de la campaña presidencial, no en México, sino en los Estados Unidos.

Una segunda inquietud es que filtren nuevas revelaciones que pongan en entredicho su figura, en días en que su poder ha entrado en fase menguante. Por eso López Obrador comenzó a enviarle mensajes a Joe Biden desde la “mañanera”, e incluso pidió al gobierno de Estados Unidos que, si no tenía pruebas, se retractara:

“Como vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si una institución de ellos está filtrando información y perjudicándome”, dijo.

Los esfuerzos no bastaron para echar por tierra lo esencial: la investigación existió, no es un invento, e incluso la DEA intentó reactivarla durante la campaña presidencial de 2012.

ProPública, el medio donde se dio a conocer la investigación de Tim Golden, reveló que una semana antes de la publicación compartió un resumen de sus hallazgos con el vocero Ramírez Cuevas y que “él decidió no hacer comentarios”.

El editor de ProPublica, Stephen Engelberg, declaró que López Obrador “ha tenido mucho que decir desde entonces, pero ninguno de sus comentarios ha identificado una sola inexactitud o error fáctico” en el trabajo.

Todo puso al Presidente contra las cuerdas en la última semana.

En esos días se filtró también un escandaloso audio, dado a conocer por Sanjuana Martínez, que mostraba la manera en que el vocero Ramírez Cuevas intervino en el conflicto laboral de Notimex, acordando con la entonces directora de la agencia, la propia Martínez, la manera en que, con su ayuda y con la apertura de carpetas de investigación en contra de trabajadores en huelga, se podría resolver el conflicto que paralizaba Notimex.

Tras el escándalo, legisladores de oposición exigieron la renuncia del vocero, a quien acababa de estallarle otra filtración: la de los datos personales de 300 periodistas que cubren las “mañaneras” de López Obrador, y mediante la cual se expuso en un sitio web sus nombres, su CURP, sus direcciones: una información de cuya confidencialidad era responsable la Presidencia de la República, y cuya divulgación pone en grave riesgo a los comunicadores, en “uno de los países más peligrosos para ser periodista”.

A resultas de la filtración masiva, organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión condenaron al gobierno mexicano. Tras una conferencia de prensa en la que se culpó a un extrabajador de Presidencia, 23 reporteros anunciaron que tomarían medidas legales contra el gobierno de AMLO.

La semana había comenzado con una “mañanera” en la que el periodista Jorge Ramos acusó a López Obrador de “dejar un país sumido en la violencia”, y en la que se exhibió el gobierno de este como el que acumula más asesinatos que ningún otro en la historia (166, 193 muertes violentas).

El Presidente se perdió en una serie de respuestas: ante las cifras presentadas por Ramos dijo, por ejemplo, que causaban más muertes los infartos, y volvió a sacar el tema de que es el único presidente en el mundo que se levanta a las seis de la mañana para darle atención al tema de la violencia. Volvió a echar mano, incluso, del “me canso ganso”, para prometer que si su política de seguridad se mantiene el próximo sexenio, el problema se resolvería.

Faltaba un revés en la semana negra de López Obrador: se lo dio el ministro Alberto Pérez Dayán al sepultar y declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Presidente en 2021.

Días negros para el Presidente: quiso revivir 30 años después, y en año electoral, el caso Colosio, y el propio hijo del candidato asesinado lo paró en seco. Se enteró que el TEPJF había multado a Morena por 62.2 millones de pesos, ante la falta de comprobación de gastos del proceso que llevó a Claudia Sheinbaum a la candidatura presidencial. Para acabar, el Presidente se enteró también de la anulación de la causa penal seguida al abogado Juan Collado (“el abogado de Salinas de Gortari”, dijo AMLO) por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita durante la compra-venta de un terreno.

Pocas veces a lo largo del sexenio el Presidente ha enfrentado una semana como la que acaba de terminar. México ha entrado de lleno, al parecer, en 2024, el último año del obradorismo.

Esta nota es de finales de enero y es de las cosas que a los chairos no les duele nadita o por estar viendo que hace la candidata de oposición, no se dan cuenta, o fingen que no se dan cuenta, aunque mi teoría es que son una masa podrida de hipocresía y pendejez combinada con mala leche.

Con otro gobierno lo luchadores sociales les brota por todos los poros pero en este nada más cierran sus ojos y extienden la mano para que les den su bolillo para que se queden callados. 

Asesinan a hermanos emprendedores por negarse a pagar el "cobro de piso", Fiscalía investiga

Autoridades locales trabajan en la captura de los responsables

Aldo, un adolescente de 16 años de edad y su hermanita Aidé de 11 estaban por inaugurar una barbería en la comunidad de Ejido de Tirado ubicada en el municipio de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato. Sin embargo, fueron asesinados en el local, debido a que presuntamente no pagaron el "cobro de piso".

Y es que las primeras investigaciones arrojaron que el día previo a la agresión de la que fueron víctimas, los menores de edad habrían sido extorsionados con esta cuota que presuntos grupos criminales suelen pedir a cambio de dejar tener cierto inmueble o negocio.

Aldo y Aidé querían poner su barbería

Según el reporte de medios locales, los hermanos Aldo y Aidé estaban poniendo manos a la obra para poner su propio negocio en el municipio de San Miguel de Allende. El adolescente sería el barbero del emprendimiento, mientras que la niña menor se había capacitado para poner uñas de acrílico.

Luego de que se dio a conocer su asesinato, Mauricio Trejo, alcalde del municipio San Miguel de Allende, informó que las autoridades están trabajando junto con la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad de la entidad a fin de realizar las indagatorias correspondientes.

Despiden a hermanitos con misa de cuerpo presente

La jornada de este domingo 28 de enero, los menores de edad fueron despedidos por sus seres queridos durante una misa de cuerpo presente realizada en la iglesia de San Antonio Padua. Posteriormente, los hermanos fueron sepultados en el templo de Nuestra Señora de Guadaluoe.

Entre porras, cantos, flores y globos blancos, decenas de personas de distintas edades acudieron a dar el último adiós al cuerpo de los dos menores, cuya muerte no deja de causar indignación no sólo en sus familiares, sino entre todos los pobladores del lugar.

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